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Expansión
Miércoles, 2 de octubre de 2019

Los drones de la DGT no pueden emitir multas por exceso de velocidad

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Pueden detectar si un coche supera el límite de velocidad, pero todavía no es legal utilizarlos para poner multas por esta infracción, según ha publicado el diario Expansión. Sin embargo, sí por otras imprudencias, como usar el móvil al volante o un mal adelantamiento.

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La DGT empezó a usar drones en la pasada campaña de Semana Santa y de verano para detectar infracciones y velar por la seguridad del tráfico. Según publica el diario Expansión, en total, son once y están dotados de cámaras de alta precisión con un alcance de visión de siete kilómetros y un radio de acción de 500 metros. Se controlan de forma remota desde tierra y pueden grabar infracciones como el uso del móvil mientras se conduce, fumar al volante, comer, circular sin cinturón o realizar un mal adelantamiento. Su presencia es mayor en aquellos tramos de mayor riesgo de accidentalidad y con mayor tránsito de usuarios vulnerables como ciclistas, motoristas y peatones.

Sin embargo, no pueden multar por exceso de velocidad. Al menos, de momento. La razón está en que sus cámaras no están homologadas con el certificado necesario que otorga el Centro Español de Metrología para captar imágenes en movimiento. De esta tarea se ocupan los rádares, fijos y móviles, como los de los 13 helicópteros Pegasus que sobrevuelan las carreteras. Según informó la DGT hace unas semanas, otros veinte drones están en proceso de licitación. Una vez tramitada, se incorporarán a labores de vigilancia y control del tráfico.

Juan Carlos Jurado, abogado de Montero Aramburu, recuerda que los drones usados por la Policía y por organismos públicos, como los ligados a salvamento marítimo, protección de aduanas, vigilancia de incendios o la localización de personas desaparecidas, se consideran drones civiles y se rigen por la normativa española vigente: un real decreto de 2017.

 

Ante todo, seguridad

Jurado explica que esta norma incluye un apartado (artículo 3.2) referido al uso por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En él, aclara, se dice que estos drones "serán operados conforme a los protocolos del organismo público responsable de prestar y autorizar la operación".

Hay que partir de la premisa de que "la seguridad prima", subraya el abogado. Es decir, ante todo "está garantizar la seguridad del tráfico, de las personas o de la operación que se esté realizando".

Una cuestión en la que también insiste María Marelza Cózar, asociada sénior de Garrigues. "La seguridad ciudadana está por encima de todo. Ante cuestiones de si es obligatorio avisar de la grabación de imágenes desde el aire con drones, la respuesta es negativa. Igual que no hay obligación de informar sobre la existencia de otros rádares, móviles o fijos, aunque haya carteles en la carretera que lo hagan", señala Cózar.

Sobre el uso de estas imágenes, la normativa de protección de datos personales (Ley Orgánica de 2018) es la que rige. Juan Carlos Jurado subraya que la norma contempla el "tratamiento de las imágenes por las Fuerzas de Seguridad del Estado y los órganos competentes para la vigilancia con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales". Una vez más la ley aclara que, ante todo, está garantizar la seguridad pública.

¿Qué ocurre, por ejemplo, en supuestos en los que se avería el dron y pueda caer en la carretera? "Se actuaría del mismo modo que en casos de un accidente de un coche de la Guardia Civil o de un helicóptero de Tráfico: los daños están cubiertos por la póliza obligatoria de responsabilidad civil frente a terceros por los desperfectos que puedan ocasionarse", aclara Cózar.

Cada vez será más habitual, recuerda la abogada, ver sobrevolar en el aire estos dispositivos que tendrán más cometidos, como la detección y prevención de incendios, el control de la pesca ilegal o la vigilancia de aduanas.

 

La normativa comunitaria, más próxima

La norma española vigente sobre drones, tanto para uso particular como por las Fuerzas de Seguridad del Estado, es un real decreto de 2017. Los drones militares son operados por el Ministerio de Defensa y, por tanto, su control es competencia de este organismo, que debe guiarse por el reglamento de circulación aérea operativa del año 2016, y por la ley de seguridad aérea de 2003. El sector de los drones ya se prepara para la entrada en funcionamiento de la normativa europea a partir de junio de 2020. A partir de esa fecha, los operadores de drones tendrán la obligación de registrarse en el estado donde tienen su residencia o su principal lugar de negocio. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (Easa) tiene listas las normas sobre drones que velarán por garantizar que las operaciones con estos dispositivos en Europa sean seguras. Además, ayudarán a proteger la privacidad de los ciudadanos.

 

Tráfico bajo control

Ante el creciente empleo de drones por parte de particulares y las Fuerzas de Seguridad, los fabricantes de estos dispositivos incrementan sus esfuerzos para ajustarse a la legislación vigente que garantice su uso. Desde Wake Engineering, fabricante del modelo de dron Fulmar, consideran que uno de los mayores inconvenientes hoy en día en materia legislativa es la falta de implementación del concepto U-Space. Es el programa que quiere impulsar la Comisión Europea para crear un espacio comunitario de control del tráfico aéreo automatizado para drones que vuelen hasta los 150 metros de altura. "La implementación de esta infraestructura, que proporcionará información para llevar a cabo operaciones seguras, es fundamental para las actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", explican desde la compañía.

 

FUENTE: Expansión

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